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Derechos humanos y constitución: dignidad humana en el territorio y la ciudad

por Ana Sugranyes / Comité Hábitat y Vivienda / Colegio de Arquitectos de Chile.

“Entre los temas propuestos por el Estado para el debate del momento constitucional, no están los principios y valores relacionados al suelo y al hábitat.”.

Una oportunidad y un gran desafío
Desde nuestro rol de profesionales y actores sociales en la sociedad, ante la mercantilización/financialización de los componentes del hábitat, nos corresponde identificar y caracterizar los valores de uso del suelo, el espacio público, la calle, el barrio, la vivienda, para que estos estén elevados a principios rectores de la nueva Constitución. Una vez plasmados en ésta, y a muy largo plazo, estos valores sociales del hábitat facilitarán ir repensando el marco legal y normativo, que contribuya al uso justo e igualitario de los territorios y a corregir paso a paso la desigualdad dominante en los territorios y ciudades.

¿Por qué este desafío? La tradición constituyente pareciera pertenecer más a las élites que a la ciudadanía. A pesar de estas limitaciones dadas por nuestra propia idiosincrasia, o fuerte tradición de dependencia de la Sociedad ante el Estado –somos el país campeón del subsidio, de la fonolita a más de mil UF por vivienda–, podríamos convenir que el presente espacio de debate busca precisar cuáles son los contenidos relacionados a los territorios y las ciudades que deben emanar de los intereses de la gente para la calidad de la convivencia en espacios comunes.

El enfoque de derechos humanos.
A menudo en Chile, pensando los territorios, la ciudad, el barrio y la vivienda, la educación, la salud, la equidad de género y la diversidad sexual —entre otros elementos geográficos, políticos, económicos, sociales y culturales que conforman las dimensiones del hábitat—, los análisis se refieren a las políticas públicas, la actividad inmobiliaria, la participación ciudadana, o la apropiación del espacio; pocos enfocan tales elementos desde la perspectiva de los derechos humanos.

En la tradición chilena de los derechos humanos prevalecen los temas relacionados con los derechos civiles y políticos, y muy especialmente con el derecho a la vida. Por algo será. Los desaparecidos, los detenidos, los ejecutados y los torturados han estado en el centro de la lucha por los derechos humanos.

La Carta de los Derechos Humanos –por definición, estos derechos son universales, indivisibles e inalienables– se revisó y acordó en 1948. Luego se precisaron en dos pactos internacionales (1966): por un lado, los derechos civiles y políticos –entre los cuales el derecho de la propiedad, “consagrado” en Chile–; por el otro, los DESC, o derechos económicos, sociales y culturales – también los ambientales–, suscritos por Chile en 1969, ratificados por Pinochet en 1989 –estos siguen sin ser explícitamente expresados en la Constitución actual–. En 1991, el Comité DESC de las Naciones Unidas precisó el derecho humano a una vivienda adecuada –el más cercano a nuestros temas habitacionales–.La articulación de valores sociales, para construir derechos, para formular pactar una nueva Constitución, es un proceso lento que depende, en gran medida, de la iniciativa y capacidad de la Sociedad y sus múltiples organizaciones. En esto estamos.

¿Por dónde empezar? De momento, podemos proponer las siguientes acciones: Identificar y caracterizar los valores de uso del hábitat

Entre los temas propuestos por el Estado para el debate del momento constitucional, no están los principios y valores relacionados al suelo y al hábitat. De los pingüinos, aprendamos cómo colocar los temas del suelo, los territorios y la ciudad en el debate público. Aprendamos a “transversalizar” en el debate político las demandas y las exigencias de suelo y hábitat digno que, por su propia índole, están dispersas en la geografía. Definamos espacios físicos y sociales para obtener que toda persona disfrute de un lugar donde vivir en paz y dignidad –en el campo y en la ciudad; para alimentarse y para habitar–. Precisemos el valor de uso de estos bienes “inmuebles”, pensando que cada intervención humana en los mismos tendrá repercusiones de por siglos, como en los casos del agua y del aire.

Una segunda preocupación, más compleja, es abordar la función social del suelo, la función social de la propiedad, la función social de la ciudad, a la luz de los derechos humanos, especialmente los DESC –la esencia misma del derecho a la ciudad–. Es complicado porque la defensa de los intereses inmobiliarios ha transformado este debate en una confrontación ideológica. Desde la Sociedad, desde el afán de todas y todos por lugares donde vivir en paz y dignidad, nos corresponde volver a colocar la discusión al tapete. Se trata de “politizar” este debate, desde el sentido común, pensando el suelo, el aire y el agua, como los elementos fundamentales de la convivencia en este planeta; fundamento también para la sostenibilidad de las generaciones futuras en el mundo; principio esencial para la construcción del derecho a la ciudad.

Una tarea difícil por tener que abstraernos de las demandas y exigencias desde el “área chica” –la calle, el barrio, la comuna, la ciudad y la región–, para lograr la transversalidad de los valores de uso del suelo en la nueva Constitución. Una tercera tarea, aún más compleja, es de devolver al Estado las funciones de planificación y ordenamiento del territorio. En Chile, hemos vivido las eras del planeamiento centralizado y pasamos a la delegación de esta función a los privados, a sus intereses particulares y a la segregación socio-espacial de las ciudades. Observando lo que pasa en muchas partes del mundo, corresponde repensar la relación Estado-Sociedad, asumiendo la ciudadanía las funciones de control social para que el Estado responda a los intereses de todas y todos, especialmente de los grupos vulnerados –y no de las élites minoritarias–.

Otra dimensión, aún más complicada, es de redefinir la institucionalidad de gestión de los territorios y ciudades desde los gobiernos locales y regionales, consolidando los mecanismos de la democracia directa y participativa. Desarrollemos las plataformas necesarias de información y de comunicación para que, ciudadanas y ciudadanos, tengamos voz y capacidad directa de acción sobre el uso del suelo, el espacio público, la calle, el barrio, la vivienda, el lugar donde vivir en paz y dignidad.

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